El pasado 1 de abril entró en vigor la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, cuyo objeto es establecer un sistema por el que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que los contengan.
A estos efectos se crea el IGC (Índice de Garantía de Competitividad), incorporado a la Ley de arrendamientos urbanos en su última modificación, siendo de aplicación este nuevo índice a los contratos posteriores al 1 de abril de 2015.
